La justicia de la UE retira la inmunidad a Puigdemont
El fallo devuelve al Supremo la iniciativa contra el eurodiputado fugado en Bélgica desde el ‘procés’
SILVIA AYUSO / REYES RINCÓN · 6 Lug 2023
El Tribunal General de la Unión Europea retiró ayer la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, fugados de la justicia española desde el procés de octubre de 2017. La decisión da vía libre al juez del Supremo Pablo Llarena para emitir una nueva euroorden contra los tres dirigentes independentistas. El fallo implica que pierden el blindaje como diputados del Parlamento Europeo y se arriesgan a ser detenidos si salen de Bélgica, excepto cuando se dirijan a otras instalaciones de la Cámara como las de Estrasburgo (Francia). Puigdemont confirmó que recurrirán la sentencia y pedirán mantener la inmunidad con carácter cautelar.
La justicia europea da así uno de los mayores golpes a los políticos que salieron de España al conocer la querella de la Fiscalía por los sucesos del procés. La sentencia respalda la posición española al entender que no hubo una persecución política en su procesamiento.
Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo retiró ayer la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos de sus exconsejeros en la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para volver a emitir una orden de detención europea reclamando la entrega a España de los tres políticos independentistas, que permanecen fugados desde octubre de 2017. Una vez que el TGUE ha levantado la inmunidad, Puigdemont, Comín y Ponsatí pierden el blindaje que los hacían intocables en Europa, y se ponen de nuevo en marcha los trámites para su entrega. La situación vuelve al punto anterior a que el expresident y sus compañeros fueran elegidos eurodiputados en 2019 y, por tanto, se arriesgarán a ser detenido si salen de Bélgica.
Desde Bruselas, Puigdemont confirmó en rueda de prensa que recurrirán la sentencia, que también obliga a los políticos de Junts per Catalunya, dirigentes del procés y hoy eurodiputados, a asumir los gastos del juicio y los de la Eurocámara, contra la que habían apelado. “No es la decisión que esperábamos, por la que habíamos trabajado tan duro. Evidentemente, vamos a recurrir, y es evidente que esperamos una resolución favorable [en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia judicial europea superior]”, dijo el expresident. Su abogado, Gonzalo Boye, adelantó que pedirán también medidas cautelares para mantener la inmunidad hasta que llegue el fallo definitivo, pero no quiso fijar un plazo para ello (tienen dos meses y diez días).
“Venimos defendiendo desde que llegamos al exilio que somos perseguidos políticos. Ha quedado acreditado que no nos dedicamos a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que traficamos con referéndum y votaciones. Ha quedado acreditado que se nos persigue por razones estrictamente políticas. Y hasta hoy pensamos que esto en Europa no tiene cabida. Nos lo creíamos y no lo creemos, es mi convicción y yo no voy a dejar de insistir en esta vía”, subrayó Puigdemont. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, mostró en las redes sociales su “apoyo” a Puigdemont, Ponsatí y Comín, y añadió: “Queda camino en Europa. ¡A vuestro lado!”.
Sobre sus opciones de regresar a España, Puigdemont aseguró que están “igual de lejos o igual de cerca” que antes de la sentencia. “Ganar no quería decir que podíamos volver libres a Cataluña, y perder no significa ser extraditados a una cárcel española de manera inmediata”, dijo Comín. Los eurodiputados adelantaron su intención de viajar la semana que viene a Estrasburgo, en Francia, para participar en el pleno de la Eurocámara. Su defensa sostiene que los viajes a sede parlamentaria siguen protegidos.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí solicitaron al TGUE que anulara la decisión de la Eurocámara de aceptar el suplicatorio enviado por el Tri
bunal Supremo desde Madrid para poder actuar contra ellos. La sentencia de ayer desestima el recurso de los políticos catalanes, que alegaban “persecución política” para recuperar de forma permanente la inmunidad. Y vuelve a dejar la iniciativa en manos del Supremo, que puede reactivar las euroórdenes dictadas contra ellos, en suspenso a la espera de lo que decidiera la justicia europea.
El TGUE desestima todos los motivos formulados por los eurodiputados, “en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”. Además, agrega, “al examinar un suplicatorio de suspensión de inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”.
“Un varapalo”
El tribunal con sede en Luxemburgo también desestima la falta de “imparcialidad” que denunciaban Puigdemont, Comín y Ponsatí debido a que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó el caso es el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos. Y ese partido, según la línea de defensa de los eurodiputados catalanes, ha mostrado “hostilidad” hacia el independentismo. El TGUE señala que un eurodiputado, “por definición, no es políticamente neutro”, pero “actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento”.
La sentencia fue saludada tanto por el Gobierno como por la oposición, aunque los partidos disienten en cuanto a las responsabilidades sobre la situación. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, valoró: “La sentencia es un varapalo más a los fugados de la justicia, que atentaron contra nuestra Constitución y contra nuestro Estado de Derecho”. Al tiempo, recriminó al Gobierno su papel en el laberinto jurídico de los independentistas catalanes: “Lamentamos profundamente que el sanchismo redujera, suprimiera, los delitos que cometieron estos señores en el Código Penal”.